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Abren la convocatoria para los aspirantes a magistrados del Supremo en Panamá

Panamá, 2 sep (EFE).- El Gobierno panameño abrió este lunes la convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para reemplazar a Jerónimo Mejía y Harry Díaz, ambos de la Sala Segunda Penal, y a Abel Zamorano de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

La convocatoria, anunciada en la Gaceta Oficial del Estado, está abierta a todos los profesionales del derecho que tengan interés en ocupar alguno de los tres cargos a magistrados de la CSJ, señaló un comunicado de la Presidencia panameña.

Este llamamiento busca llenar la vacante por período vencido en diciembre de 2017 de Mejía, y las de Zamorano y Díaz, cuyos cargos quedarán vacantes el 31 de diciembre próximo.

Se convocó igualmente a los interesados en participar en el nombramiento de seis magistrados suplentes.

Esta citación se da luego de que el Gabinete (Consejo de Ministros) aprobó el 27 de agosto pasado restituir la resolución 91 del 23 de noviembre de 2005.

La resolución de 2005 trata del proceso de preselección de magistrados de la Corte, que nació producto del Pacto de Estado por la Justicia que se acordó entre los tres órganos del Estado y la Procuraduría de la Nación y la Procuraduría de la Administración.

El Pacto de Estado por la Justicia es el compromiso nacional asumido en 2005 por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, a fin de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño para que sea independiente, transparente y eficiente.

El Pacto fue convocado por el presidente Martín Torrijos (2004-2009), para entre otras cosas establecer una forma de escoger a los magistrados de la CSJ que permita una mayor transparencia en estos procesos.

En la resolución aprobada el martes pasado se decidió ampliar el número de integrantes encargados de la comisión encargada de evaluar la preselección de los aspirantes a magistrados de la CSJ y de sus suplentes, agregando a un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNeP) y uno por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

La comisión está contemplada dentro del Pacto de Estado por la Justicia, que entrevistará y evaluará la hoja de vida de los aspirantes seleccionados.

El presidente del país, Laurentino Cortizo, tiene la potestad constitucional de designar a los magistrados, a los que ratificará el Parlamento unicameral panameño.

El martes pasado, el vicepresidente José Gabriel Carrizo dijo que con la resolución 91 Cortizo cumple su promesa de escoger a los magistrados a la Corte a través de un consenso nacional.

Carrizo aseguró que el presidente se despoja de su capacidad constitucional para darle apertura a la ciudadanía para elegir a los magistrados por consenso.

Esta nueva convocatoria se produce luego que la mayoría opositora en el pleno del Parlamento panameño rechazó el 30 de enero de 2018 la nominación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como nuevas magistradas del Supremo presentada por el presidente Juan Carlos Varela (2014-2019).

Tovar reemplazaría al magistrado de la Sala Civil, Oydén Ortega, y Moore a Mejía, quien le siguió causa penal al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por espionaje político y malversación, proceso que pasó a la justicia ordinaria que declaró no culpable al exmandatario el 9 de agosto pasado.

Pero Varela consiguió que el Parlamento ratificará en marzo pasado su designación de Olmedo Arrocha para reemplazar a Ortega, pero no logró lo mismo con su nuevo intento por sustituir a Mejía con Luis Fernando Tapia.

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