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Víctimas de la guerra salvadoreña presentarán una propuesta de ley de reconciliación

San Salvador, 16 may (EFE).- Organizaciones de derechos humanos y víctimas de la guerra civil (1980-1992) de El Salvador anunciaron este jueves que la próxima semana presentarán ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de reconciliación en la que se "priorice" la justicia, la verdad y la reparación.

Eduardo García, director ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda, señaló a la prensa que para la elaboración de la propuesta se realizó una amplía consulta "con muchas organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas".

García apuntó que las víctimas esperan que los diputados de las diferentes fracciones del Congreso "acompañen la propuesta" y "se pongan del lado de las víctimas que aún esperan justicia".

El también activista lamentó que los diputados de una comisión especial, creada para analizar las "implicaciones" de la anulación de la amnistía, "no escuchen a las víctimas de la guerra" y "quieran amnistiar nuevamente los crímenes de guerra y de lesa humanidad".

La comisión que estudió las "implicaciones" de una sentencia de la Corte Suprema que anuló en 2016 una ley de amnistía y permitió la reapertura de al menos 17 causas penales por crímenes de guerra, fue cuestionada desde su creación por diversas organizaciones de derechos humanos, dado que todos sus miembros estuvieron relacionados directamente con el conflicto armado salvadoreño.

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han acusado a los diputados del Congreso de pretender amnistiar nuevamente los crímenes de guerra, pese a la prohibición establecida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en el referido fallo.

La Asamblea Legislativa de El Salvador emitió en 1993 la ley de amnistía poco tiempo después de que se hiciera público el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.

La anulación de esta ley permitió reabrir procesos penales por crímenes como el asesinato de los jesuitas, la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el homicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980).

Los jueces constitucionales ordenaron al Congreso crear una ley para sustituir a la anulada y que se centre en la reparación a las víctimas de las violaciones a derechos humanos.

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