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¿Cómo es el controvertido proceso de elección de magistrados de Guatemala?

Guatemala, 10 sep (EFE).- La elección de magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha sido un proceso siempre envuelto en polémica. Ahora vuelve a estar de actualidad porque marcará el devenir de la Justicia durante los próximos cinco años.

El funcionamiento de las Comisiones de Postulación, entes formados por funcionarios, autoridades universitarias y representantes de diferentes colegios profesionales, es complejo, pero su papel es importante debido a que son los encargados de proponer la nómina de candidatos al Congreso, que elegirá a los integrantes finales.

- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala es el órgano superior de la administración del Organismo Judicial y bajo su responsabilidad está, entre otros aspectos, nombrar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar o remover a los jueces o personal auxiliar de los tribunales, además de conocer los desafueros de altos funcionarios.

Los 13 magistrados que la conforman son elegidos por el Congreso de Guatemala, con 80 votos de los 158 posibles, de una nómina de 26 propuesta por la Comisión de Postulación, un ente que con las dos terceras partes de sus miembros filtra los expedientes recibidos.

La Comisión de Postulación está formada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, que actúa como presidente, los decanos de las Factulades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las casas de estudio, un número equivalente de representantes electos por el Colegio de Abogados y notarios y un número igual de representantes de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones electos.

Los requisitos para ser magistrado del Supremo, en funciones durante 5 años y quienes toman posesión el 13 de octubre, son ser abogado y notario activo, ser mayor de 40 años, haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones, haber ejercicio la profesión de abogado y notario por más de 10 años y ser de reconocida honorabilidad.

Un total de 259 profesionales del derecho se han postulado como aspirantes a magistrados de la Corte suprema de Justicia para el período 2019-2020 y ahora este listado está sujeto a revisión por los 37 miembros de la Comisión de Postulación, que fueron juramentados por el Congreso.

- LAS CORTES DE APELACIONES

Las Cortes de Apelaciones son el segundo órgano más importante de la cadena de Justicia de Guatemala ya que son foros superiores a los Juzgados de Primera Instancia, de Paz y de los menores conformadas por un magistrado presidente, dos titulares y dos suplentes.

Entre sus funciones está conocer las responsabilidades de un funcionario denunciado, los proceso de desafuero, velar por que los jueces de primera instancia emitan resoluciones apegadas a laye, sancionarlos en caso de no ser así

En este caso la Comisión de Postulación, formada también por 37 miembros, está integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, que actúa como presidente, los 12 decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las casas de estudio, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y notarios y un número igual de representantes de los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia.

A la fecha hay 45 salas de apelaciones, por lo que se debe elegir 135 titulares y 90 suplentes de un total de 270 candidatos que eligen los miembros de la Comisión de Postulación con el voto de las dos terceras partes.

Un total de 1.023 profesionales del derecho se han postulado como aspirantes a magistrados de la Corte de Apelaciones para el período 2019-2024 y ahora este listado está sujeto a revisión por los miembros de la Comisión de postulación.

- LA SOMBRA DEL PASADO

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente auspiciado por la ONU que hasta el pasado 3 de septiembre desmantelaba organizaciones de corrupción incrustadas en el Estado, señaló en uno de sus últimos informes que hay varios actores que han buscado cooptar las instituciones, incluidas las de justicia, para ponerlas al servicio de sus propios intereses.

Pese a que ha reconocido avances hacia un proceso "más regulado y transparente", también advirtió de que hay "espacios discrecionales" en la legislación que han sido aprovechados por actores interesados como "el Gobierno y sus funcionarios a título individual, el sector privado y otros poderes fácticos", incluyendo el crimen organizado.

"Así se ha tergiversado el diseño constitucional de control cruzado, de pesos y contrapesos, convirtiendo la elección de funcionarios del sistema de Justicia en un sistema clientelar", recordó ese documento, en el que se mencionan casos de los últimos años que muestra cómo los grupos buscan impunidad influyendo en la elección de los magistrados.

Uno de los casos involucra al empresario y abogado conocido como "El Rey del Tenis" pero de nombre Roberto López Villatoro. La investigación de la Cicig y la Fiscalía lo acusa, supuestamente, de estar implicado en un caso de tráfico de influencias en el los procesos de elección de jueces y magistrados en 2016.

Villatoro, quien fue enviado a juicio junto a otras dos personas por esta causa conocida como "Comisiones Paralelas", supuestamente impulsó una estrategia para intervenir en el nombramiento de las más altas autoridades del poder judicial mediante la creación de una estructura paralela a las Comisiones de Postulación para la elección de la actual Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Lo anterior fue llevado a cabo en complicidad con legisladores y comisionados que integraron estos órganos en 2014, además de que acercó a intereses públicos y privados para influir en la elección de los electos.

- EL AHORA Y EL FUTURO

En este contexto, diferentes organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamamiento a la ciudadanía para vigilar y fiscalizar el proceso de elección de los magistrados del Supremo y de la Corte de Apelaciones, pues hay grupos interesados en cooptar la justicia que quieren colocar a profesionales a su medida para controlar las decisiones judiciales.

En esta línea está Álvaro Montenegro, lamentó que se hayan excluido del proceso a dos de los jueces más respetados del país, Erika Aifán (por no incluir la palabra sindical en su declaración) y Miguel Ángel Gálvez (por un problema con la legalización de su documento de identificación), por temas puramente técnicos: "Somos amantes del formalismo".

"Este uso excesivo de la legalidad se utiliza como una manera de evitar ir al fundo del asunto" como los criterios idoneidad, aseguró Montenegro a Efe, y reiteró que en general esta forma de elección está "casi que colapsada" en tiempo porque es "materialmente imposible" revisar todos los expedientes que se presentan con un análisis exhaustivo.

Además, el experto, uno de los miembros de la Alianza por las Reformas, lamentó que los mismos magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y otros miembros de la Comisión de Postulación que analizan los expedientes se presenten a la reelección haciendo valer aquello de "yo te elijo, tú me eliges".

Aun así, asevera que "la esperanza nunca muere" y tiene la fe puesta en que algunos de los recursos interpuestos haga retrotaer el proceso para corregir los "vicios del proceso" y evitar que los "grises", los que se presentan para el cargo y que nadie conocen pero que están "vinculados a las redes de cooptación", puedan evitar ser elegidos.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Coalición Movimiento Pro-Justicia, Carmen Aída Ibarra, asegura a Efe que la elección de las Comisiones de Postulación, y posteriormente del Congreso, está relacionada con la "calidad de la administración de Justicia" en Guatemala durante el próximo quinquenio, con la depuración y los filtros de los profesionales buenos, malos y regulares.

Esa calidad judicial e "independencia" de la justicia marcará el futuro del país, explica, y espera que las Comisiones seleccionen a los perfiles idóneos con la menor "cargar de arbitrariedad" y con "objetividad", rechazando y denunciando cualquier tipo de presión.

Al igual que hizo la Cicig, Ibarra recuerda que desde su organización han promovido reformas a la legislación desde el año 2012 para mejorar esos vacíos legales que permiten la influencia de grupos de poder pero insiste en que el Congreso la ha tenido "ahí guardaditas" para mantener su discredicionalidad en las Comisiones.

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