Se encuentra usted aquí

Un estudio reafirma papel de policías salvadoreños en desplazamiento forzado

San Salvador, 22 oct (EFE).- Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador divulgado este jueves reafirma el papel de agentes de la Policía Nacional Civil (FGR) como generadores de desplazamiento forzado.

El estudio, que da cuenta de los denuncias y orientaciones sobre desplazamiento forzado registradas entre octubre de 2017 y febrero de 2019, indica que el 6,6 % de los desplazamientos forzados fueron generados por miembros de la corporación policial.

"Aunque en menor cuantía, es necesario relevar que entre los perpetradores de los hechos que originaron desplazamiento están referidos los cuerpos de seguridad estatal", señala el documento en el que también se revela que un 0,6 % de los casos se relaciona con la Fuerza Armada.

No es la primera vez que los cuerpos de seguridad son vinculados con este fenómeno, dado que estudios de organizaciones sociales, como Cristosal, lo han denunciado anteriormente.

Adelante de la Policía se encuentra la Mara Salvatrucha (MS13) con el 41,8 % de los casos, mientras que "pandillas en general" generaron el 24,2 % de los casos y el Barrio 18 el 16,7 %.

"De acuerdo con los registros de la PDDH, estos agresores desplazaron a un total de 120 personas y pusieron en riesgo de desplazamiento a 50 más", acota el estudio.

DESPLAZAMIENTOS EN LA ERA DE BUKELE Y DE LA COVID-19

La procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos, manifestó en la presentación del informe que durante la gestión del presidente, Nayib Bukele, el fenómeno no se ha detenido.

Indicó que entre enero y agosto pasados se registraron 47 casos de desplazamiento forzado, sin precisar la cantidad de víctimas.

Campos señaló que este dato podría representar una baja respecto a otros períodos, en los que se computaban hasta 40 casos por trimestre, pero apuntó que la pandemia de la covid-19 pudo influir en el descenso.

El director del Programa de Atención a Víctimas de Cristosal, Abraham Ábrego, indicó durante el evento que "ha habido un estancamiento en la protección de las personas desplazadas en esta época".

"Las instituciones encargadas de la protección de víctimas han estado enfocadas en la covid-19", apuntó el activista de derechos humanos.

Añadió que el plazo para que el presidente Bukele emitiera el reglamento para la aplicación de una ley sobre desplazamiento forzado venció hace dos meses.

"Sin un reglamento no se puede implementar la ley", indicó Ábrego y detalló que este determinará la composición de un comité técnico que precisará la política de atención y los protocolos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en enero pasado una ley de protección y restitución de derechos para las personas desplazadas por la violencia, principalmente la de pandillas, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 % de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.

Tags