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Senado duplica propuesta de ley para que agentes estatales actúen como migra

Raleigh.- El senado en Carolina del Norte reforzó las intenciones dentro de la legislatura en obligar a las entidades del gobierno a que sigan las leyes de inmigración, además de facultar poder a agentes de corporaciones policiacas estatales para que revisen los papeles de la gente.

El proyecto de ley SB 341, presentado el 21 de marzo en la cámara alta, contiene lenguaje idéntico al de la HB 135, propuesta presentada hace un mes en la cámara baja. Las legislaciones gemelas, ambas tituladas “Cumplimiento del gobierno en inmigración”, proponen hacer un acuerdo con el gobierno federal para que agentes del orden estatal, como la Patrulla de Carreteras, actúen como oficiales de inmigración por medio del programa 287(g).

De convertirse en ley, obligarían a todos los gobiernos locales a cumplir con la leyes de inmigración, así como elimina la enmienda a la polémica ley antiinmigrante HB318, que permitía el uso de identificaciones locales para determinar la identidad de un individuo.

Tanto la SB 341, como la HB 135 traerían “numerosos cambios a la ley en Carolina del Norte con respecto a inmigración”, informa el resumen legislativo que semanalmente produce la Asociación de Alguaciles en Carolina del Norte para mantener informados a los sheriffs sobre los distintos proyectos de ley que son presentados.

Las provisiones de estas propuestas de ley son: Actuar como agentes de inmigración En la sección 6 de la HB135, se indica que el Departamento de Seguridad Pública del estado debe firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la ejecución del programa 287g que deberán ser aplicadas por las agencias del orden estatal. Esto incluye la Patrulla de Carreteras -que tiene jurisdicción en todo el estado- la Guardia Nacional, la policía del Capitolio, entre otras agencias que forman parte del DPS.Los oficiales, indica la propuesta, deberán cumplir el rol de un agente de inmigración.

Para ello, “recibirán la capacitación y supervisión provista por ICE”. Contra matrículas y ID de FaithAction El proyecto de ley prohíbe que cualquier empleado del gobierno acepte alguna identificación emitida por embajadas y consulados, con excepción del pasaporte. La HB 135 también propone que las identificaciones producidas por cualquier persona, organización o autoridad, serán inaceptables como un método para identificarse o probar su residencia ante un funcionario público.

Esta última provisión, elimina la enmienda a Ley HB318 y afectaría directamente a las identificaciones emitidas por la organización FaithAction International House. En las universidades Las universidades públicas en Carolina del Norte tendrán prohibido convertirse en “santuarios” para estudiantes indocumentados y no se podría establecer políticas en su apoyo.

Las instituciones de educación superior del sistema UNC también tendrían que cooperar con el gobierno con respecto a compartir información sobre el estatus migratorio de sus estudiantes.

Gobierno locales e inmigración

La parte 2 del proyecto de ley crea incentivos para que los gobiernos locales, condados y municipalidades cumplan con las normativas estatales de inmigración. Además, establece que individuos particulares puedan tomar acción en contra de los gobiernos que no se adhieran a las leyes de inmigración de Carolina del Norte.

Alguaciles y policías El alcance del proyecto de ley va más allá de los condados y las municipalidades, y abarca a las agencias que aplican la ley en los condados y las localidades, como las oficinas de alguaciles y los departamentos de policía locales.

La propuesta permite que los individuos pueden reportar las quejas de no cumplimiento, por parte de las entidades descritas en la legislación, al fiscal general del estado.

En caso, que después de una investigación, se halle responsable a la institución pública de no cumplir la ley se le inhabilitará para recibir fondos estatales, definidos en el proyecto. Igualmente, impone sanciones a condados y municipalidades por no aplicar la normativa de verificar el estatus migratorio por medio del sistema E-Verify.

La sanción monetaria contemplada para las instituciones que no se adhieran a la ley es de 10 mil dólares. Un aparte de la ley, incluye a los superintendentes de distritos escolares como posibles funcionarios públicos sancionables.

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