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Proyecto propone que agentes estatales de NC apliquen el 287g y actúen como oficiales de inmigración

Propuesta HB135 también elimina identificaciones locales como los emitidos por FaithAction

Raleigh.- El representante republicano George Cleveland presentó el pasado miércoles un proyecto legislativo que, entre otras provisiones, busca que los agentes del orden estatal, como la Patrulla de Carreteras, actúen como oficiales de inmigración mediante un acuerdo con el programa de deportaciones 287(g).

Propone además que todos los gobiernos locales cumplan con la leyes de inmigración y se elimine la enmienda a la polémica ley antiinmigrante HB318, que permitía el uso de identificaciones locales para determinar la identidad de un individuo.

La propuesta  HB135 “Cumplimiento del gobierno en inmigración¨, en sus 9 páginas y 7 secciones, enumera provisiones de otros proyectos de ley referidos a impedir que ciudades y universidades se conviertan en santuario para los inmigrantes indocumentados de Carolina del Norte. Para ellos etablece sanciones que deberán ser supervisadas por la oficina del Fiscal General Josh Stein.

El abogado Raúl Pinto del Centro de Justicia de Carolina del Norte, recordó a la comunidad que en estos momentos esto “es solo una propuesta que contienen pólizas que han fallado en el estado y que cada año renacen por la atmósfera antiinmigrante que existe”.

“Estaremos monitoreando los pasos que da esta propuesta”, dijo Pinto a Qué Pasa.

Actuar como agentes de inmigración

En la sección 6 de la HB135, se indica que el Departamento de Seguridad Pública del estado debe firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la ejecución del programa 287g que deberán ser aplicadas por las agencias del orden estatal. Esto incluye la Patrulla de Carreteras- que tiene juridicción en todo el estado- la Guardia Nacional, la policía del Capitolio, entre otras agencias que forman parte del DPS.Los oficiales, indica la propuesta, deberán cumplir el rol de un agente de inmigración. Para ello, “recibirán la capacitación y supervisión provista por ICE”.

Contra matrículas y ID de FaithAction

El proyecto de ley prohíbe que cualquier empleado del gobierno acepte alguna identificación emitida por embajadas y consulados, con excepción del pasaporte. La HB 135 también propone que las identificaciones producidas por cualquier persona, organización o autoridad, serán inaceptables como un método para identificarse o probar su residencia ante un funcionario público.

Esta última provisión, elimina la enmienda a Ley HB318 y afectaría directamente a las identificaciones emitidas por la organización FaithAction International House.

Para Pinto,  esta provisión resulta preocupante toda vez que la correción a la HB318 “fue pedida por las agencias del orden” para facilitar corroborar la identidad de una persona.

En las universidades

Las universidades públicas en Carolina del Norte tendrán prohibido convertirse en “santuarios” para estudiantes indocumentados y no se podría establecer políticas en su apoyo.

Ias instituciones de educación superior del sistema UNC también tendrían que cooperar con el gobierno con respecto a compartir  información sobre el estatus migratorio de sus estudiantes.

Gobierno locales e inmigración

La parte 2 del proyecto de ley crea incentivos para que los gobiernos locales, condados y municipalidades cumplan con las normativas estatales de inmigración. Además, establece que individuos particulares puedan tomar acción en contra de los gobiernos que no se adhieran a las leyes de inmigración de Carolina del Norte.

“Es obviamente preocupante la temática en que le dan poder a las personas a poner algún tipo de demanda contra alguna ciudad o jurisdicción que no esté acatándo las leyes de inmigracón cuando especificamente la conexión entre las leyes de inmigración federales con lo que puede hacer una municipalidad o un condado es extremadamente complejo”, aseguró el abogado del Centro de Justicia. 

“Darle el poder a una persona que haga una queja ante el fiscal general o una corte de juridiccion será extremadamente problemático para  las ciudades que tengan que defenderse ante este tipo de demanda”.

Alguaciles y policías

El alcance del proyecto de ley va más allá de los condados y las municipalidades, y abarca a las agencias que aplican la ley en los condados y las localidades, como las oficinas de alguaciles y los departamentos de policía locales.

La propuesta permite que los individuos pueden reportar las quejas de no cumplimiento, por parte de las entidades descritas en la legislación, al fiscal general del estado.

En caso, que después de una investigación, se halle responsable a la institución pública de no cumplir la ley se le inhabilitará para recibir fondos estatales, definidos en el proyecto. Igualmente, impone sanciones a condados y municipalidades por no aplicar la normativa de verificar el estatus migratorio por medio del sistema E-Verify. La sanción monetaria contemplada para las instituciones que no se adhieran a la ley es de 10 mil dólares.

Un aparte de la ley, incluye a los superintendentes de distritos escolares como posibles funcionarios públicos sancionables.

La propuesta de Clevenlad, que es apoyada por los representates Presnell, Speciale y Brody, pasó su primera lectura el jueves 21 y fue referida al Comité del Gobierno Estatal y Local, donde aún permanecía hasta el cierre de esta edición.

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