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Pocos patrones son procesados por emplear a trabajadores indocumentados

Charlotte.- El enjuiciamiento penal de empleadores que contratan a trabajadores indocumentados ha sido relativamente escaso, de acuerdo con un reporte del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York.
 

Solo 11

Los datos recientes disponibles muestran que durante los últimos doce meses, de abril de 2018 - marzo de 2019,  solo 11 individuos, y ninguna empresa, fueron procesados en solo 7 casos.
 

Procesados por otras violaciones

Durante el mismo período, 85,727 individuos procesados por ingresar ilegalmente al país, 34,617 procesados por reingresar ilegalmente y 4,733 procesados por traer ilegalmente a inmigrantes o darles albergue.

Teniendo en cuenta los millones de inmigrantes indocumentados que trabajan actualmente en este país, las probabilidades de individuos y compañías de ser procesados penalmente por emplear a trabajadores indocumentados parecen ser extremadamente remotas.
 

Desde 1986
De hecho, desde que el Congreso promulgó sanciones penales para los empleadores por primera vez en 1986, pocos empleadores han sido procesados bajo estas disposiciones.

Los procesos judiciales rara vez han superado los 15 por año y nunca han superado los 20 individuos al año, excepto durante 2005 bajo el mandato del presidente George W. Bush y cuando llegaron a 25 en el primer año de la administración del presidente Barack Obama.
 

Castigo simbólico

No solo se procesa a pocos empleadores por contratar indocumentados, sino los que son condenados reciben sentencias que equivalen apenas a un castigo simbólico.

Las penas de prisión son raras. Por ejemplo, de las 11 personas que el Departamento de Justicia informó que fueron penadas durante el período más reciente de 12 meses, solo 3 fueron condenadas a cumplir una pena de prisión.

Los datos fueron obtenidos del Departamento de Justicia (DOJ) como resultado de querellas presentadas por TRAC en virtud de la Ley de Libertad de Información.
 

La ley

Los empleadores tienen responsabilidades bajo la Ley de Inmigración durante el proceso de contratación.

Las disposiciones de sanciones del empleador, que se encuentran en la sección 274A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), fueron añadidas por la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA).

Estas disposiciones se reforzaron aún más con la aprobación de la Ley de Inmigración de 1990 y la Reforma de Inmigración Ilegal y la Ley de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996.

Bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad, las empresas que violan los requisitos de contrataciones laborales quedan expuestas a sanciones monetarias civiles, si a sabiendas contratan a indocumentados, si cometen fraude migratorio, si no toman medidas para verificar el estatus migratorio de los empleados, o si discriminan contra solicitantes de empleo por su nacionalidad o ciudadanía.

También, de acuerdo con la ley, las infracciones a los requisitos de contratación podrían llevar a persecución criminal e inhabilitación de contratos con el gobierno.

En el verano de 2016, el Departamento de Justicia aumentó de 375  dólares a 539 dólares la multa mínima por la contratación de trabajadores indocumentados, mientras que la multa máxima subió de 3,200 dólares a 4,313 dólares.