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McFadden: "la HB370 es un ataque contra los 7 sheriffs afroamericanos recientemente electos"

Raleigh.- El alguacil del condado Mecklenburg, Garry McFadden, fue contundente al afirmar que la propuesta HB370 constituye un ataque a los siete alguaciles afroamericanos recientemente electos en Carolina del Norte.

"Déjeme aclarar la HB370 tiene una clara agenda en contra de los siete alguaciles afroamericanos reciente electosen los condado más grandes, con la intención de menoscabar el poder que nosotros tenemos en cada una de nuestras oficinas y para las que hemos sido electos por los residentes de nuestros condados", dijo McFadden.

En una conferencia de prensa, conjunta con sus colegas de Wake, Gerald Baker y Buncome, Quinn Miller, McFadden aseguró que el proyecto de ley "no tiene nada que ver con la seguridad de las comunidades".

"Cada vez que hablamos de la HB370 o del 287g, escuchamos que es para mantener a nuestras comunidades seguras, pero déjame decirles claramente que  la HB370 es un claro ataque a un selecto grupo de sheriff que ahora han sido cuidadosamente identificados como sheriffs santuario, sheriffs urbanos o sheriffs de la super minoría mayoritaria".

McFadden dijo que la amenaza de removerlos de sus cargos es algo sin precedentes.

Por su parte, Gerald Baker, alguacil de Wake, dijo que esta propuesta está tratando de forzar a los alguaciles ha hacer algo que le compete al gobierno federal.

"Esta legislación quiere cambiar las reglas para forzarnos hacer algo que le compete al gobierno federal... estamos aquí en contra de la HB370", afirmó. "Todos tenemos nuestras preocupaciones sobre inmigración pero al final del día lo más importante es servir a todas la comunidades que residen en nuestros condados".

Quinn Miller, alguacil del condado Buncombe también se reafirmó en su posición.

"Reafirmo mi rechazo. No ha cambiado mi posición sobre la HB370...nosotros no somos sheriff urbanos ni santuario, somos  simplemente sheriffs".

La nueva versión de la HB370, redactada por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte y un grupo de representantes republicanos, fue rechada por los alguaciles de Guilford, Danny Rogers; de Forsyth Bobby Kimbrough, de Wake, Gerald Baker, de Mecklenburg, Garry McFadden y de Buncombe, Quinn Miller.

En apoyo a esos alguaciles, el senador demócrata Paul A. Lowe, sostuvo que no se puede permitir el ataque a los alguaciles que ha tenido una clara postura en contra del proyecto antiinmigrante.

"Cualquier que haya sido elegido para representar a esas comunidades tiene que tener la capacidad de hacer su trabajo y recursos para hacerlo y no debería ser siendo atacado por la HB37", dijo Lowe.

¿Qué dice la nueva versión de la HB370?

Requiere que las cárceles investiguen el estado de inmigración de todas las personas que son llevadas a la cárcel e informar a los no ciudadanos a ICE, sin importar sus cargos.

"Por lo tanto, el proyecto de ley desvía los recursos locales limitados de la ley a asuntos de inmigración federal. Esto perjudica los presupuestos de los alguaciles y perjudica aún más la seguridad pública al hacer que los miembros de la comunidad tengan menos probabilidades de confiar en la aplicación de la ley", analiza ACLU_NC.

Obliga a los alguaciles y magistrados a desempeñar un papel sin precedentes y oneroso en la aplicación de la ley federal de inmigración cuando ICE emite una orden de detención voluntaria y administrativa para alguien de otro modo elegible para su liberación:

(1) El sheriff debe llevar a la persona ante un funcionario judicial secretario) para una audiencia sobre si son la misma persona nombrada en el sistema de retención de ICE. Esto podría requerir que los funcionarios judiciales incursionen en la ley federal de inmigración.1

(2) El funcionario judicial debe emitir una orden para extender la detención por 96 horas, dos veces más que las solicitudes de retención de ICE de 48 horas.

"El sello de goma un funcionario judicial no resuelve los problemas constitucionales de un agente de retención de ICE y probablemente expondrá a los alguaciles y condados a más responsabilidades", indica ACLU_NC. "Los gobiernos locales de todo el país han resuelto juiciosos costosos por detener a personas sometidas a la detención de ICE que carecían de la causa probable exigida por la Cuarta Enmienda. Además, ICE tiene un historial deficiente de emisión de detenciones para los ciudadanos de los Estados Unidos".

De acuerdo con la organización, los informes muestran que ICE también tiene el patrón y la práctica de falsificar garantías administrativas.

Los daños potenciales por tales violaciones serían aún mayores si los alguaciles mantienen a las personas por 96 horas, lo que es el doble de una solicitud de retención de ICE de 48 horas. La disposición que establece que los alguaciles no serán responsables si se detienen bajo una orden de un magistrado, de hecho, no protege a los alguaciles de las demandas por una detención inconstitucional.

Requiere que las cárceles le permitan a ICE entrevistar a cualquier persona encarcelada dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud de ICE. Al negar a los sheriffs cualquier flexibilidad o discreción para cumplir con las demandas de ICE, este proyecto de ley obliga a los sheriffs a hacer una oferta de ICE, incluso si las circunstancias emergentes impiden que un sheriff cumpla con los plazos especificados.

Amenaza a los sheriffs que no cumplen con las solicitudes de ICE con la remoción de su cargo. Permite que cinco votantes registrados, o el fiscal del condado o el fiscal de distrito, inicien los procedimientos de expulsión contra un alguacil. Si bien otras bases para remover a un sheriff según la ley existente requieren que el sheriff se haya involucrado en actividades delictivas, esto castigaría al sheriff por tomar decisiones discrecionales sobre las prioridades locales de aplicación de la ley.

No proporciona protecciones para los testigos y las víctimas de delitos, incluidos los sobrevivientes de violencia doméstica.

"Exigir el cumplimiento absoluto de las demandas de ICE erosionará aún más la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley, especialmente para los testigos de delitos y víctimas de violencia doméstica. Las investigaciones muestran que cuando la policía y los alguaciles cooperan con agentes de inmigración federales, desalienta a los inmigrantes, junto con sus hijos ciudadanos de los Estados Unidos, vecinos, compañeros de trabajo y amigos, de reportar crímenes y servir como testigos", afirma ACLU.

Las cárceles locales, y ahora los tribunales, sufragarán el gasto de hacer el trabajo del gobierno federal en virtud de esta propuesta. Este nuevo proceso sin precedentes sobrecargará al ya ocupado personal de la cárcel y a los tribunales con el trabajo para el que no están capacitados, y desperdiciará los recursos locales del condado. El ICE ya generalmente no reembolsa a las cárceles por retener a las personas en las detenciones, y un período de detención adicional de 96 horas solo aumentaría esos costos.

Con la colaboración de Elke Millán

 

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