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La antiinmigrante HB135 será votada en la Cámara de Representantes de NC

Raleigh.- El proyecto antiinmigrante HB135 que busca que los oficiales del Departamento de Seguridad Pública - entre ellos la Patrulla de Carreteras actúen como agentes de inmigración bajo el programa 287g y que prohibiría que las autoridades acepten ID locales como forma de identificación, será votada en los próximos días en el pleno de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte.

En un movimiento estratégico, esta propuesta que el 2 de mayo pasó al Comité de Educación y Universidades fue enviada el lunes al Comité de Reglas y Operaciones donde fue aprobada al anochecer por 12 votos en contra y 11 a favor.

De ser reafirmada en la Cámara de Representantes, el proyecto denominado “Cumplimiento de la Inmigración por parte del Gobierno”, será enviado al Senado donde tendrá que pasar por la aprobación de hasta tres comités y del pleno de esa Casa.

La HB 135, que fue presentada el 20 de febrero, tiene como principales patrocinadores a los legisladores republicanos George Cleveland;  Michele Presnell, Michel Speciale, Mark Brody y el apoyo de Hugh Blackwell y David Rogers.

Las provisiones de la HB 135

Un análisis de la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC), indica que esta propuesta elimina el derecho de las autoridades policiales a usar la identificación local o comunitaria para determinar la residencia o identidad de una persona. 

“En su forma actual, la policía local puede usar las identificaciones emitidas por la comunidad para determinar la identidad o residencia de una persona cuando la persona no tiene otra forma de identificación aceptable. Las autoridades locales han utilizado este programa de identificación para generar confianza con la comunidad de inmigrantes, pero este proyecto de ley eliminaría esa discreción de las autoridades locales”, indica ACLU.

Prohíbe que las instituciones de la UNC protejan el estado de sus estudiantes. “Este proyecto de ley obligaría a las instituciones de la UNC a revelar el estado de inmigración de los estudiantes si así lo solicitan las autoridades policiales, incluidos los agentes de inmigración. Actualmente, la ley federal requiere que un tercero que solicite esta información proporcione una orden judicial”.

Además requiere que el Departamento de Seguridad Pública celebre los acuerdos 287 (g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto obligaría a a las autoridades estatales para actuar como agentes de inmigración.

Este proyecto obliga a las escuelas públicas a investigar si las entidades externas con las que contratan o subcontratan están utilizando E-Verify para verificar el estado de inmigración de sus empleados.

Permite tmbién a los residentes presentar quejas contra su ciudad o condado si creen que están infringiendo las leyes de inmigración estatales. 

”En consecuencia, el Fiscal General se vería obligado a asignar recursos para investigar todas las quejas. Si se determina que un municipio no cumple con los requisitos, se usarán severas sanciones, incluyendo la eliminación de las fuentes de financiamiento de la ciudad y el condado”, señala ACLU.

Foto: Anna Webb - ACLU

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